PRESIDENCIA DE ONGANIA

La presidencia del general Onganía.
En los primeros meses de gobierno (desde junio a diciembre del 66), la conducción económica de la Revolución Argentina estaba al mando del Salimei. El ministro de economía no era partidario de suprimir el control de cambios, era gradualista en materia de inflación y optaba por un cierto intervencionismo estatal. Propuso un plan de nacionalización del Estado, lo que trajo aparejado grandes conflictos sociales.
Para comenzar, en Tucumán, intervino en los ingenios azucareros debido a la grave situación social derivada del monocultivo del azúcar, ya que la superproducción determinaba la baja de los precios finales y la necesidad de que el Estado los subsidiara cada año para evitar la desocupación. Esta medida se baso en la baja productividad y la necesidad de racionalizar los gastos, pero en realidad obedeció a motivos políticos y de seguridad ya que este problema generaba tensiones sociales. Por otro lado se propuso también disminuir el costo y aumentar la eficacia de los operativos del puerto de Buenos Aires, imponiendo una serie de medidas de control y quitándole poder a los sindicatos portuarios (no reconociendo antiguas conquistas laborales y hasta interviniendo en ellos) para hacerlo mas competitivo a nivel mundial. Pero la Federación internacional del Transporte declaró el boicot internacional a los barcos argentinos, mostrando el apoyo hacia los trabajadores del país. Sin embargo, a fines del 66, aceptaron dichas condiciones.
Consecuentemente, en este periodo de 6 meses, el PBI cayo un 1.2%, y aumentaron los precios tanto mayoristas como minoristas. En cuanto a la producción agrícola, disminuyó considerablemente, al igual que el sector industrial que sufrió una crisis. Disminuyeron las reservas, y aumento la importación de combustibles (un 300%), enfatizando la dependencia extranjera de insumos. Además se produjo una pequeña devaluación del 8% debido a las presiones inflacionarias, llevando el dólar de $202 a $215. Estos resultados llevaron al general Onganía a cambiar de ministro.
Fue el 30 de diciembre que Adalbert Krieger Vasena asumió como ministro de economía. También cambió varios gobernadores de provincias que eran militares retirados, sin experiencia política y por lo tanto ineficaces. 3 meses después, debido a la necesidad de tranquilizar los movimientos sindicales, preocupados en este momento por los cambios económicos y por su predecible desplazamiento del modelo social se dio origen al “plan de estabilización y desarrollo”, en marzo del 1967.
La nueva política económica buscaba hacer de la Argentina, una gran potencia. Buscaba atacar la inflación, reduciéndola a tasas acordes con la situación argentina, inducir a la inversión y mejorar la Balanza de Pagos, normalizando las cuentas internacionales de la Argentina. Para ello, se daba prioridad al servicio de la deuda externa, a una remesa normal de dividendos de empresas extranjeras al exterior, al pago de expropiaciones al capital transnacional y a crear un clima de confianza y crecimiento estable.
Para ello, se implementaron una serie de medidas. La primera es la devaluación del 40%, que dio libertad total en los movimientos de entrada y salida de capitales. Además se impusieron retenciones a las exportaciones que impidieron el impacto inflacionario por el aumento de los precios relativos de los productores agropecuarios, común producto de las devaluaciones al transferir las ganancias al sector exportador-terrateniente. Así, los ingresos se dirigieron al sector estatal, que contribuyeron a disminuir el déficit fiscal y la inflación. También se produjo una liberación del mercado de cambios y optaron por pedir créditos al exterior. Por ejemplo, los bancos europeos y americanos prestaron alrededor de 100 millones de dólares cada uno. El tesoro del gobierno de los Estados Unidos unos 75.000.000 y el crédito de mayor cantidad fue el del FMI, que fue de 125.000.000 de dólares. Estos préstamos lograron financiar el gasto público sin crear inflación y apuntalar las reservas del banco central y desalentar la especulación bursátil en el mercado local.
En el rubro de los trabajadores, se suspendieron las convenciones colectivas de trabajo y se congelaron los salarios. Esto último, permitía generar el traspaso de ingresos desde el sector asalariado al sector empresarial ya que si se aumentaban los sueldos gradualmente, no podrían reinvertirse las utilidades y el plan económico fracasaría. A quienes prometían congelar los precios por seis meses, se les otorgaban una serie de ventajas, como por ejemplo acceder a créditos y a compras estatales, difíciles de acceder en este momento. Sin ir mas lejos se canceló el aguinaldo y se emitieron bonos gubernamentales de obras públicas para financiar el programa de desarrollo por medio no inflacionarios.
Por otro parte se redujeron los derechos aplicados a las importaciones, se aplicaron retenciones a las importaciones para que la devaluación no produjera demasiada ganancia para los exportadores, y se impuso un impuesto a las divisas.
Para combatir la inflación se redujo el gasto público, aumentaron las tarifas de servicios públicos, se disminuyó el personal estatal y se racionalizó la administración central y de las empresas públicas.
En 1968, hubo una reforma bancaria que simplifico y redujo los requisitos de reservas y permitió a los bancos comerciales otorgar mayor crédito al sector privado. Y se produjo una desgravación impositiva para la compra de maquinaria agraria e industrial.

Resultados
• Reducción de la tasa inflacionaria del 31.9% en 1966 al 7.6% en 1969.
• Aumento del PBI, creciendo de un 2% en 1967 a un 6.8% en 1969.
• La participación de los asalariados en el PBN descendió del 42% en 1967 al 39% en 1969. Esto no solo perjudico a los obreros, sino también a los asalariados no ligados a la producción de bienes, es decir, aproximadamente el 40% de la población ocupada. Además se persiguieron las cooperativas de crédito, aumentando la gravedad de su situación.
• Disminución de la demanda de consumo debido a la baja de ingresos.
• Se beneficiaron las grandes empresas que no debían producir para el mercado interno.
• Por el contrario, quienes producían para el mercado interno se vieron fuertemente afectados. Entre 1965 y 1973, se declararon en quiebra 11600 empresas. Asimismo, debían competir con el ingreso ilimitado de productos importados y la competencia con grandes empresas monopólicas.
• Desnacionalización de empresas y bancos argentinos (se multiplico). Muchas debieron declararse en quiebra, en gran parte por la restricción de otorgamiento de créditos a las empresas nacionales.
• Se logró un ahorro en el gasto público y una mejor recaudación tributaria.
• Se redujo el déficit fiscal ya que en el período 1966 al 69, los ingresos del Gobierno crecieron un 44.5%.
• Crecimiento industrial notorio. Entre 1965 y 1969, aumentó un 27,1% en las ramas de papel, productos químicos, metales, minerales no metálicos, maquinarias y equipos. Sin embargo, en los rubros tradicionales, como el de comida, bebida, textil y madera, el crecimiento se redujo un 8.1%.